Lucha por 50 centavos

En Ciudad Juárez, los obreros se levantan contra el sistema de maquila

En Ciudad Juárez, los obreros se levantan contra el sistema de maquila
Francisca Rivera fue despedida por Lexmark, la corporación basada en Kentucky, EEUU, después de exigir un aumento de sueldo de $5.62 a $6.10 diarios.

El gélido viento que se cuela por entre ventanas y puertas sacude la flama sobre la que una olla con frijoles se encuentra en ebullición. Gregoria Medina, de 34 años, ha dejado de lavar los trastos del desayuno en una bandeja de plástico colocada al extremo opuesto de la estufa. “Hace muchos años ellos dejaron de vernos como personas para vernos como robots,” dijo refiriéndose a sus jefes.

Han pasado dos meses desde que Gregoria y otros 75 trabajadores del gigante de impresoras, Lexmark, fueron despedidos y amenazados con enfrentar un proceso judicial después de haber paralizado labores para exigir que se cumpliera el aumento salarial de 9 pesos diarios — unos 50 centavos de dólar — que se les había prometido en el verano.

La casa de Gregoria está compuesta por esa cocina sin agua de llave y otra habitación más amplia y fría en donde solo hay dos camas. En ella duermen sus padres ya ancianos, un hermano mayor con retraso mental, su hija de 14 años y dos varones de 17 y 8 años, además de su esposo, que es obrero en otra maquila. Sus padres llegaron en busca de la tierra prometida cuando Gregoria tenía 4 años, justo al momento en el que Juárez vivía su primer estallido de crecimiento industrial, gracias a una de las peores devaluaciones del peso frente al dólar y a la firma de intención gestada con el Fondo Monetario Internacional, que reconvirtió el aparato productivo hacia el exterior para generar divisas y evitar el colapso financiero.

Gregoria Medina, 34 años, una de las huelguistas, vive con siete de sus parientes en una habitación con dos camas. Cuando no está en el campamento de huelga, recoge su hijo Daniel, de 8 años, del colegio. En la foto abajo, su madre le ayuda preparar el almuerzo para la familia. (Hacer clic y ampliar imagen)

La austeridad de la edificación es un contraste rotundo con la magnificencia de la fábrica, una imagen del contraste de una firma multimillonaria y la miseria de sus obreros. Día y noche, los trabajadores despedidos se atrincheran en ella, con guardias permanentes de 12 horas en las que participan grupos de diez. En el oscuro interior hay un colchón de cama viejo, media docena de sillas de jardín y un destartalado calentador que arde con leña. Comen de lo que les aportan simpatizantes de su movimiento, en uno y otro lado de la frontera y matan el tiempo contándose historias personales. Desde afuera, las paredes están forradas con carteles que sintetizan el reclamo de su lucha: “Justicia a la clase obrera” y “Aumentos al salario.”

Lo del salario es engañoso. Las empresas maquiladoras implementaron desde hace años un sistema de bonificaciones para no incrementar el salario real de los trabajadores. Los “bonos” sirven para canjearlos por comida, aunque difícilmente ascienden a más de 100 pesos semanales — unos 7 dólares — o se otorgan por puntualidad y asistencia, lo que quiere decir que solo lo recibirá el trabajador que llegue puntual y no falte un solo día a la planta. “Son bonos que no generan nada en el salario base para la cotización del Seguro Social y con ello vas a tener ancianos muriéndose de hambre a la vuelta de unos cuantos años,” dijo Susana Prieto, la abogada laborista que representa a los 76 despedidos.

Desde 1983, esta ciudad fronteriza con El Paso, Texas se convirtió en el centro expansivo de la industria maquiladora en América Latina. Cada boom está marcado por procesos de devaluación de la moneda y tratados comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994. Si bien no existe una cifra precisa, la mayoría de los indicadores oficiales toman como base una planta de 300 mil obreros. Para una ciudad con 1,4 millones de habitantes, la maquila es el eje principal de la economía y por ello ha moldeado no solo el aspecto social, sino la estructura urbana.

Gregoria trabaja desde los 15 años en la industria y desde 2002 fue contratada por Lexmark. Lo que ha sucedido en materia laboral con ella a través de esos años es al mismo tiempo la gran metáfora de Juárez, dice Hugo Almada, un investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez [UACJ] que ha medido el impacto de la maquila durante tres décadas.

“En Juárez lo que se detona no es el desarrollo, sino un crecimiento desarticulado en el que la agenda social quedó de lado,” dijo Almada. “El modelo que hoy vemos consolidó un acuerdo tácito entre empresarios locales y autoridades para convertir a la ciudad en un centro de atracción para la maquila, mucho más atractivo que cualquier país de Asia. Por ello la inversión pública ha estado centrada en introducir agua, drenaje y avenidas para detonar la construcción de parques industriales y viviendas para los obreros de 32 metros cuadrados.”

Hasta 2014, la ciudad contaba con 39 parques y zonas industriales. Casi siete de cada 10 empleos formales se localizan ahí. Desde el origen del modelo, a finales de la década de 1960, la maquiladora contrató a mujeres para sus líneas de producción y generó con ello el mayor índice nacional de hogares en los que la mujer constituye la principal fuente de ingreso. Pero ni la industria ni el gobierno reaccionó con infraestructura necesaria para dotar a la ciudad de guarderías infantiles. Hoy Juárez tiene capacidad solo para cuidar alrededor de 12 mil niños menores de 4 años, mientras que la demanda es de alrededor de 150 mil o más, de acuerdo con datos manejados por la Red por los Derechos Infantiles. Tampoco se desarrollaron centros infantiles para mayores de 5 años. El transporte público se ha reducido casi exclusivamente al traslado de la clase obrera.

Juárez fue moldeándose a la realidad de sus últimos 40 años no solo por fuera, sino en el seno mismo de la maquila. En 1996 — tras la firma del TLCAN y la devaluación que casi arrastra a la economía mexicana — las áreas gerenciales dentro de la industria dejaron de ser ejercidas por estadounidenses enviados desde las matrices. En su lugar se adiestró a una clase de profesionistas mexicanos que en lo sucesivo supervisarían las plantas productivas. Son ellos, de acuerdo a Prieto, quienes construyeron el actual sistema de “trabajo esclavizado” que produjo el estallido en Lexmark, del que Gregoria y sus 75 compañeros fueron parte.

“Ahora tienes a una clase trabajadora a la que se le violan todos los derechos humanos,” dijo Prieto, quien tomó la defensa de los trabajadores despedidos por Lexmark como causa personal. “Tienes a individuos que ganan 600 pesos por semana — unos 33 dólares — cuando el INEGI [la oficina del censo mexicana] establece que se requieren 5.800 pesos — o 322 dólares — mensuales para garantizar la alimentación básica de una familia de cuatro miembros. Eso significa que a los trabajadores no les alcanza ni para comer.”

Francisca Rivera, 40

‘Yo voy a seguir en la lucha hasta el final, hasta que la empresa reconozca mis derechos como trabajadora.’

Francisca Rivera tiene 40 años y el hombro derecho destrozado debido a la rutina de trabajo, en la que efectuaba un movimiento mecánico para bajar cajas 1.200 veces cada día. Mide 1.45 metros y tiene una voz que se le estrangula por la infección de garganta que sufre desde hace días. Ella y sus dos hijas adolescentes están enfermas por el frío congelante que atraviesa las paredes de madera de su pequeña vivienda. Se trata de una choza provisional construida en 2005 por misioneros estadounidenses, como parte de programas de ayuda humanitaria que solían realizar en la ciudad hasta antes de 2008, cuando Juárez se convirtió en el punto de mayor violencia del continente. Francisca es otra de las obreras despedidas por Lexmark, tras reclamar el aumento de 105 a 114 pesos por jornada. Ahora lucha para sobrevivir con 150 pesos semanales — algo así como 8 dólares — que aporta su hijo menor de 13, ayudante de albañil.

“Me cortaron la luz desde hace más de un año y le soy honesta: me la estoy robando porque no tengo para pagarla. También el agua dejé de pagarla,” dijo Francisca entre tosidos. “Lo poco que nos llega de dinero o de comida que nos regalan apenas alcanza para irla pasando, para no morirnos. Pero yo voy a seguir en la lucha hasta el final, hasta que la empresa reconozca mis derechos como trabajadora y me pague lo que me corresponde.”

Entre los 76 despedidos se encuentran migrantes de 14 estados de la república. Los migrantes hicieron de Juárez la ciudad que es hoy. Primero llegaron en la década de 1940, llamados por la enorme oferta laboral cifrada en el área del servicio y el comercio. Luego como tránsito hacia Estados Unidos en la era del Programa Bracero, y desde la 1970 por el boom de la industria maquiladora. La gran oleada de migrantes del sur mexicano, sobre todo de Veracruz y Oaxaca, sucedió sin embargo a partir de 1996, el momento en el que la expansión del sector alcanzó su mayor crecimiento y se vio obligada a reclutar mano de obra fuera de las tradicionales fuentes de expulsión, como Durango y Coahuila.

Rivera, izquierda, usa un bus público para llegar al campamento. A la derecha, un bus de la empresa Lexmark promociona puestos de trabajo. (Hacer clic y ampliar imagen)

Prieto, la abogada laborista, prevé que este año la industria irá por más trabajadores a los estados del sur. Se necesita cubrir un déficit de mano de obra de 17 mil plazas y la nueva generación de jóvenes juarenses no está dispuesta a ganar los salarios de miseria de sus padres, dice.

“Algún genio de Harvard ideó en 2015 un sistema de bonos de entre 3 mil y 6 mil pesos para quien se contratara en la maquila. Pero eso es una trampa porque no te pagan esa cantidad al firmar contrato, sino que entregan una cantidad cada mes, siempre y cuando cumplas con los índices de asistencia y puntualidad que la misma empresa establece,” explicó Prieto. “Lo que ha pasado es que los jóvenes firman contrato y a los tres meses renuncian, una vez que cobraron ese bono. Ello ha generado una rotación laboral de casi 25 por ciento, y ante ese fenómeno se han vuelto a enviar camiones a Veracruz o Oaxaca para traer personas a quienes 600 o 700 pesos por semana les resulta mejor que morirse de hambre en sus lugares de origen.”

La presión social que ello genera es enorme, sobre todo en el área de salud, dice Hugo Almada, el investigador de la UACJ.

“A pesar de que Juárez es una ciudad que genera gran cantidad de ingresos al Seguro Social, entre 1985 y 2005 no hubo una sola cama ni un solo puesto médico nuevo,” señaló Almada. “En 2006 se construyó un hospital en lo que se conoce como ‘Juárez Nuevo,’ la zona a la que llegaron a vivir los migrantes traídos del sur, pero desde 2012 se vive otro gran auge de la maquila y ahora el número de trabajadores desborda increíblemente la capacidad médica con que cuenta la ciudad.”

Casas abandonadas, construidas con financiamiento gubernamental pero víctimas de violencia y ejecución hipotecaria, rodean muchas de las plantas industriales de Juárez. La planta de Lexmark, de noche, a la derecha. (Hacer clic y ampliar imagen)

Sin transporte público eficiente y una infraestructura médica tan precaria, Francisca y sus hijas simplemente no pueden aspirar a ser atendidas por un doctor, al menos de manera inmediata. Pero el suyo es un problema menor. Las afecciones de corazón generados por la hipertensión y grasa en las arterias, así como la diabetes y el cáncer constituyen la mitad de las causas de fallecimiento en la población local, según datos de la Secretaría de Salud de Chihuahua, la entidad a la que pertenece Juárez. Las infecciones de vías urinarias son igualmente escandalosas, y eso ha derivado en afectaciones severas de riñón. El medicamento y tratamiento de tales enfermedades han ido retirándose paulatinamente a partir de la última reforma sanitaria.

El caso de Francisca, con el rotador del hombro destrozado y su infección en vías respiratorias, revela la forma en la que el gobierno mexicano relaja las leyes de protección al trabajador, con tal de preservar la condición de plaza excepcional que ostenta Juárez para las empresas transnacionales, dice Prieto. “Todo el sistema está configurado para que el trabajador reviente y se canse de reclamar sus derechos. Se trata de un maridaje perfecto, en el que no hay escrúpulos de ninguna especie,” dijo.

Ningún funcionario de gobierno respondió a solicitudes de entrevista. Tampoco gerentes de la planta Lexmark ni de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez.

El maridaje señalado por Prieto le hace creer que el movimiento de los 76 trabajadores despedidos fracasará en su propósito de obtener un fallo positivo de la autoridad. Sin embargo, en el pasado la abogada tuvo éxito en los tribunales. El caso más reciente ocurrió en agosto, cuando la multinacional Foxconn perdió el juicio emprendido en su contra por 120 trabajadores. La forma en la que Prieto sostuvo la batalla, con acusaciones de corrupción oficial, derivó en un violento asalto cometido por hombres armados en su despacho, la tarde en la que los obreros fueron indemnizados y ella cobró su porcentaje. Junto con su esposo y 13 testigos del ataque identificó al sujeto que comandó el ataque, pero la policía lo dejó en libertad aludiendo que tenía otras líneas de investigación. A la fecha el caso sigue impune.

“Tengo mucho miedo esta vez,” dijo. “El momento en el que esto ocurre es muy delicado y no creo que me la vayan a perdonar tan fácil.”

La huelguista Reyna Hidalgo Vásquez, 38 años, llegó a Juárez desde el estado de Veracruz hace 18 años, y ha trabajado en Lexmark durante los últimos 8 años. Cuando fue despedida, estaba ganando 98 pesos ($5.60) por día. En la foto de abajo, ella barre la entrada de su casa mientras su esposo, Ismael Reyes Urrutia, se para al lado de una ventana incompleta. (Hacer clic y ampliar imagen)

Prieto se refiere al proceso electoral de este año, en el que Juárez cambiará de alcalde y Chihuahua, el estado al que pertenece, deberá elegir gobernador y congresistas. Las autoridades y el aparato político y empresarial del PRI, el partido gobernante, están en plena campaña y se cuelgan el mérito de haber llevado al Papa Francisco a Juárez, la sede final de su paso por México. Para ello maquillan las avenidas por las que pasará el prelado y han organizado un encuentro con trabajadores y empresarios que hablarán de las virtudes económicas y laborales de la ciudad, haciendo a un lado el estrago causado por la crisis económica y de seguridad sufrida en años recientes.

Los 76 trabajadores despedidos por Lexmark buscaban, más allá del aumento salarial que les fue prometido, conformar un sindicato libre. Es justo un salario digno y sindicalismo autónomo las premisas legislativas que supuestamente emprenderá México a partir del Acuerdo Transpacífico (TPP), según ha dicho el secretario del trabajo Alfonso Navarrete Prida. El salario mínimo desaparecerá como indicador en el país este año, tras una primera reforma en tal sentido. Pero el sistema de explotación evidenciado en Juárez a partir de casos como el de Lexmark y Foxconn no ofrecen evidencia de cambio para Prieto. “Esto será cada vez peor,” afirmó. “Lo que está en juego es enorme, no solo para las multinacionales, sino para los empresarios y políticos locales.”

Victoria Moreno, 45

‘Mi esposo perdió el empleo también. Ahora vende golosinas en la calle y a veces trae dinero y a veces no.’

En noviembre de 2007, Victoria Moreno llegó a solicitar trabajo en Lexmark. Para entonces llevaba 30 años de experiencia laboral dentro de la industria, los mismos que tiene de residir en Juárez. Con 45 años, es madre de cinco hijos, tres de los cuales viven con ella y el esposo, además de un sobrino. Antes de ser despedida sumaba su salario de 600 pesos semanales a la economía familiar. Disponían de 1.600 pesos — unos 90 dólares — y con ello podía pagar hipoteca, comida y escuela. Pero todo cambió.

“Mi esposo perdió el empleo también,” dijo. “Ahora vende golosinas en la calle y a veces trae dinero y a veces no. Vivimos con 800 pesos a la semana que aporta mi sobrino, pero dejamos de pagar la casa y ahora batallo para conseguir el dinero de la colegiatura. Sin embargo, no pienso renunciar a la lucha que tenemos después del despido.”

Moreno fue operada el año pasado de la canilla derecha a causa de una tendonitis. En condiciones de leyes a favor y un sistema de arbitraje comprometido con el trabajador, debería gozar de indemnización. Ni ella ni sus compañeras lesionadas tuvieron ese beneficio, dice.

Victoria Moreno, 45 años, ha vivido en Juárez durante 30 años y comparte una casa de dos habitaciones con siete miembros de su familia. El salón de estar sirve de dormitorio para dos de sus hijos y uno de sus sobrinos. Antes de ir a misa, ella prepara arroz y frijoles para el desayuno del domingo, izquierda, y consola a su sobrino, derecha. (Hacer clic y ampliar imagen)

En dos ocasiones un supervisor le negó el derecho de abandonar la planta a pesar de que su hijo de 3 años se hallaba hospitalizado. La primera vez por un ataque de asma y la segunda por quemarse en un incendio. “Fue terrible. Tuve un ataque de histeria y casi me desmayo porque no me daban permiso para salir de la fábrica,” dijo.

Pero si eso ocurrió con una urgencia mayor, la tiranía que describe se solaza con cosas menores, como ir al baño.

“He sufrido de infecciones en vías urinarias porque se nos tiene prohibido ir al baño. Por lo menos cuando tenemos necesidad de ir. Nos dejan siempre y cuando alguien vaya y nos supla en la línea de producción, aunque al hacerlo nos miden el tiempo y después de dos minutos comienzan a llamarnos por el sonido ambiental,” contó. “Pero lo más angustiante es cuando escuchamos las noticias en la radio — porque siempre nos ponen música — y escuchamos de pronto que hay una niña desaparecida o que hallaron el cuerpo de alguien y no sabemos si es alguna de nuestras hijas porque no dan nombres… es terrible.”

Brandon, 16 años, el sobrino de Victoria Moreno, vive con la familia de su tía y también trabaja en una maquila. (Hacer clic y ampliar imagen)

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