Lucha por 50 centavos
En Ciudad Juárez, los obreros se levantan contra el sistema de maquila
El gélido viento que se cuela por entre ventanas y puertas sacude la flama sobre la que una olla con frijoles se encuentra en ebullición. Gregoria Medina, de 34 años, ha dejado de lavar los trastos del desayuno en una bandeja de plástico colocada al extremo opuesto de la estufa. “Hace muchos años ellos dejaron de vernos como personas para vernos como robots,” dijo refiriéndose a sus jefes.
Han pasado dos meses desde que Gregoria y otros 75 trabajadores del gigante de impresoras, Lexmark, fueron despedidos y amenazados con enfrentar un proceso judicial después de haber paralizado labores para exigir que se cumpliera el aumento salarial de 9 pesos diarios — unos 50 centavos de dólar — que se les había prometido en el verano.
La casa de Gregoria está compuesta por esa cocina sin agua de llave y otra habitación más amplia y fría en donde solo hay dos camas. En ella duermen sus padres ya ancianos, un hermano mayor con retraso mental, su hija de 14 años y dos varones de 17 y 8 años, además de su esposo, que es obrero en otra maquila. Sus padres llegaron en busca de la tierra prometida cuando Gregoria tenía 4 años, justo al momento en el que Juárez vivía su primer estallido de crecimiento industrial, gracias a una de las peores devaluaciones del peso frente al dólar y a la firma de intención gestada con el Fondo Monetario Internacional, que reconvirtió el aparato productivo hacia el exterior para generar divisas y evitar el colapso financiero.
La austeridad de la edificación es un contraste rotundo con la magnificencia de la fábrica, una imagen del contraste de una firma multimillonaria y la miseria de sus obreros. Día y noche, los trabajadores despedidos se atrincheran en ella, con guardias permanentes de 12 horas en las que participan grupos de diez. En el oscuro interior hay un colchón de cama viejo, media docena de sillas de jardín y un destartalado calentador que arde con leña. Comen de lo que les aportan simpatizantes de su movimiento, en uno y otro lado de la frontera y matan el tiempo contándose historias personales. Desde afuera, las paredes están forradas con carteles que sintetizan el reclamo de su lucha: “Justicia a la clase obrera” y “Aumentos al salario.”
Lo del salario es engañoso. Las empresas maquiladoras implementaron desde hace años un sistema de bonificaciones para no incrementar el salario real de los trabajadores. Los “bonos” sirven para canjearlos por comida, aunque difícilmente ascienden a más de 100 pesos semanales — unos 7 dólares — o se otorgan por puntualidad y asistencia, lo que quiere decir que solo lo recibirá el trabajador que llegue puntual y no falte un solo día a la planta. “Son bonos que no generan nada en el salario base para la cotización del Seguro Social y con ello vas a tener ancianos muriéndose de hambre a la vuelta de unos cuantos años,” dijo Susana Prieto, la abogada laborista que representa a los 76 despedidos.
Desde 1983, esta ciudad fronteriza con El Paso, Texas se convirtió en el centro expansivo de la industria maquiladora en América Latina. Cada boom está marcado por procesos de devaluación de la moneda y tratados comerciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994. Si bien no existe una cifra precisa, la mayoría de los indicadores oficiales toman como base una planta de 300 mil obreros. Para una ciudad con 1,4 millones de habitantes, la maquila es el eje principal de la economía y por ello ha moldeado no solo el aspecto social, sino la estructura urbana.
Gregoria trabaja desde los 15 años en la industria y desde 2002 fue contratada por Lexmark. Lo que ha sucedido en materia laboral con ella a través de esos años es al mismo tiempo la gran metáfora de Juárez, dice Hugo Almada, un investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez [UACJ] que ha medido el impacto de la maquila durante tres décadas.
“En Juárez lo que se detona no es el desarrollo, sino un crecimiento desarticulado en el que la agenda social quedó de lado,” dijo Almada. “El modelo que hoy vemos consolidó un acuerdo tácito entre empresarios locales y autoridades para convertir a la ciudad en un centro de atracción para la maquila, mucho más atractivo que cualquier país de Asia. Por ello la inversión pública ha estado centrada en introducir agua, drenaje y avenidas para detonar la construcción de parques industriales y viviendas para los obreros de 32 metros cuadrados.”
Hasta 2014, la ciudad contaba con 39 parques y zonas industriales. Casi siete de cada 10 empleos formales se localizan ahí. Desde el origen del modelo, a finales de la década de 1960, la maquiladora contrató a mujeres para sus líneas de producción y generó con ello el mayor índice nacional de hogares en los que la mujer constituye la principal fuente de ingreso. Pero ni la industria ni el gobierno reaccionó con infraestructura necesaria para dotar a la ciudad de guarderías infantiles. Hoy Juárez tiene capacidad solo para cuidar alrededor de 12 mil niños menores de 4 años, mientras que la demanda es de alrededor de 150 mil o más, de acuerdo con datos manejados por la Red por los Derechos Infantiles. Tampoco se desarrollaron centros infantiles para mayores de 5 años. El transporte público se ha reducido casi exclusivamente al traslado de la clase obrera.
Juárez fue moldeándose a la realidad de sus últimos 40 años no solo por fuera, sino en el seno mismo de la maquila. En 1996 — tras la firma del TLCAN y la devaluación que casi arrastra a la economía mexicana — las áreas gerenciales dentro de la industria dejaron de ser ejercidas por estadounidenses enviados desde las matrices. En su lugar se adiestró a una clase de profesionistas mexicanos que en lo sucesivo supervisarían las plantas productivas. Son ellos, de acuerdo a Prieto, quienes construyeron el actual sistema de “trabajo esclavizado” que produjo el estallido en Lexmark, del que Gregoria y sus 75 compañeros fueron parte.
“Ahora tienes a una clase trabajadora a la que se le violan todos los derechos humanos,” dijo Prieto, quien tomó la defensa de los trabajadores despedidos por Lexmark como causa personal. “Tienes a individuos que ganan 600 pesos por semana — unos 33 dólares — cuando el INEGI [la oficina del censo mexicana] establece que se requieren 5.800 pesos — o 322 dólares — mensuales para garantizar la alimentación básica de una familia de cuatro miembros. Eso significa que a los trabajadores no les alcanza ni para comer.”
Prieto, la abogada laborista, prevé que este año la industria irá por más trabajadores a los estados del sur. Se necesita cubrir un déficit de mano de obra de 17 mil plazas y la nueva generación de jóvenes juarenses no está dispuesta a ganar los salarios de miseria de sus padres, dice.
“Algún genio de Harvard ideó en 2015 un sistema de bonos de entre 3 mil y 6 mil pesos para quien se contratara en la maquila. Pero eso es una trampa porque no te pagan esa cantidad al firmar contrato, sino que entregan una cantidad cada mes, siempre y cuando cumplas con los índices de asistencia y puntualidad que la misma empresa establece,” explicó Prieto. “Lo que ha pasado es que los jóvenes firman contrato y a los tres meses renuncian, una vez que cobraron ese bono. Ello ha generado una rotación laboral de casi 25 por ciento, y ante ese fenómeno se han vuelto a enviar camiones a Veracruz o Oaxaca para traer personas a quienes 600 o 700 pesos por semana les resulta mejor que morirse de hambre en sus lugares de origen.”
La presión social que ello genera es enorme, sobre todo en el área de salud, dice Hugo Almada, el investigador de la UACJ.
“A pesar de que Juárez es una ciudad que genera gran cantidad de ingresos al Seguro Social, entre 1985 y 2005 no hubo una sola cama ni un solo puesto médico nuevo,” señaló Almada. “En 2006 se construyó un hospital en lo que se conoce como ‘Juárez Nuevo,’ la zona a la que llegaron a vivir los migrantes traídos del sur, pero desde 2012 se vive otro gran auge de la maquila y ahora el número de trabajadores desborda increíblemente la capacidad médica con que cuenta la ciudad.”
Sin transporte público eficiente y una infraestructura médica tan precaria, Francisca y sus hijas simplemente no pueden aspirar a ser atendidas por un doctor, al menos de manera inmediata. Pero el suyo es un problema menor. Las afecciones de corazón generados por la hipertensión y grasa en las arterias, así como la diabetes y el cáncer constituyen la mitad de las causas de fallecimiento en la población local, según datos de la Secretaría de Salud de Chihuahua, la entidad a la que pertenece Juárez. Las infecciones de vías urinarias son igualmente escandalosas, y eso ha derivado en afectaciones severas de riñón. El medicamento y tratamiento de tales enfermedades han ido retirándose paulatinamente a partir de la última reforma sanitaria.
El caso de Francisca, con el rotador del hombro destrozado y su infección en vías respiratorias, revela la forma en la que el gobierno mexicano relaja las leyes de protección al trabajador, con tal de preservar la condición de plaza excepcional que ostenta Juárez para las empresas transnacionales, dice Prieto. “Todo el sistema está configurado para que el trabajador reviente y se canse de reclamar sus derechos. Se trata de un maridaje perfecto, en el que no hay escrúpulos de ninguna especie,” dijo.
Ningún funcionario de gobierno respondió a solicitudes de entrevista. Tampoco gerentes de la planta Lexmark ni de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez.
El maridaje señalado por Prieto le hace creer que el movimiento de los 76 trabajadores despedidos fracasará en su propósito de obtener un fallo positivo de la autoridad. Sin embargo, en el pasado la abogada tuvo éxito en los tribunales. El caso más reciente ocurrió en agosto, cuando la multinacional Foxconn perdió el juicio emprendido en su contra por 120 trabajadores. La forma en la que Prieto sostuvo la batalla, con acusaciones de corrupción oficial, derivó en un violento asalto cometido por hombres armados en su despacho, la tarde en la que los obreros fueron indemnizados y ella cobró su porcentaje. Junto con su esposo y 13 testigos del ataque identificó al sujeto que comandó el ataque, pero la policía lo dejó en libertad aludiendo que tenía otras líneas de investigación. A la fecha el caso sigue impune.
“Tengo mucho miedo esta vez,” dijo. “El momento en el que esto ocurre es muy delicado y no creo que me la vayan a perdonar tan fácil.”
Prieto se refiere al proceso electoral de este año, en el que Juárez cambiará de alcalde y Chihuahua, el estado al que pertenece, deberá elegir gobernador y congresistas. Las autoridades y el aparato político y empresarial del PRI, el partido gobernante, están en plena campaña y se cuelgan el mérito de haber llevado al Papa Francisco a Juárez, la sede final de su paso por México. Para ello maquillan las avenidas por las que pasará el prelado y han organizado un encuentro con trabajadores y empresarios que hablarán de las virtudes económicas y laborales de la ciudad, haciendo a un lado el estrago causado por la crisis económica y de seguridad sufrida en años recientes.
Los 76 trabajadores despedidos por Lexmark buscaban, más allá del aumento salarial que les fue prometido, conformar un sindicato libre. Es justo un salario digno y sindicalismo autónomo las premisas legislativas que supuestamente emprenderá México a partir del Acuerdo Transpacífico (TPP), según ha dicho el secretario del trabajo Alfonso Navarrete Prida. El salario mínimo desaparecerá como indicador en el país este año, tras una primera reforma en tal sentido. Pero el sistema de explotación evidenciado en Juárez a partir de casos como el de Lexmark y Foxconn no ofrecen evidencia de cambio para Prieto. “Esto será cada vez peor,” afirmó. “Lo que está en juego es enorme, no solo para las multinacionales, sino para los empresarios y políticos locales.”